CIUDAD DE GUATEMALA –
Seis disparos alertaron a los residentes de la colonia El Cerrito, una de las comunidades más peligrosa de la capital guatemalteca, de que algo no andaba bien.
La noche del 24 de febrero los residentes encontraron herido a Selvin Geovany Soto Sosa, de 20 años. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron posteriormente a César Eduardo Castillo Mijangos, de 18 años, quien llevaba un arma de fuego con la cual aparentemente disparó contra su víctima.
Castillo Mijangos ya tenía antecedentes policiales, pues fue sancionado por extorsión a dos años de privación de libertad en febrero de 2013, recuperando su libertad a finales de ese año debido a que era su primera sanción.
Soto posteriormente murió en el hospital. Investigaciones posteriores revelaron que el occiso había sido parte de una pandilla y tras intentar de salirse los líderes del grupo ordenaron su muerte, según la PNC.
En 2013 fueron detenidos 2.242 jóvenes en Guatemala, 344 más que en 2012. Si bien la PNC captura y procesa menores de edad como presuntos responsables de crímenes, lo cierto es que muchas veces son instados por adultos a delinquir, según Pablo Castillo, vocero de la PNC.
“Los adolescentes que han sido detenidos en su mayoría [son aprovechados por] adultos. Muchos son utilizados para cobrar extorsiones o los llevan a cometer un crimen como una forma de iniciación o para mostrar su lealtad con la pandilla”, dijo Castillo.
En 2012 se registraron 4.664 denuncias contra menores de edad en conflicto con la ley, de los cuales 1.470 fueron procesados, y de ellos 585, sentenciados, según el Ministerio Público (MP).
En 2013 la cifra de denuncias aumentó a 5.071. De los denunciados sólo 327 quedaron ligados a proceso y 296, sentenciados.
Más jóvenes privados de libertad
El número de jóvenes privados de libertad sigue en aumento. En 2012 se reportaron734 adolescentes en centros de rehabilitación social y a febrero de este año el número subió a 900, según la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Actualmente, el 24% de los jóvenes recluidos cumplen condena por homicidio, 17%, por extorsión y 15%, por violación. El resto, por robo o portación ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.
Diferentes proyectos de ley han buscado que los menores de edad sean sujetos a condenas de homicidio similares a los adultos. Sin embargo, activistas de derechos de la niñez se han impuesto frente a la opinión pública basados en la necesidad de prevenir la delincuencia juvenil, por lo que ninguna iniciativa ha prosperado.
La Ley de Menores en Conflicto con la Ley impone un máximo de seis años de privación de libertad por homicidio, mientras el Código Penal establece penas de 25 años de cárcel por el mismo crimen para adultos.
Condiciones de vulnerabilidad
La principal razón por la cual los menores se embarcan en una carrera delictiva es la vulnerabilidad social que sufren, según Zoel Franco, de la Unidad de Privados de Libertad en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP).
“Las condiciones de vulnerabilidad y pobreza son aprovechadas por el crimen organizado”, dijo. “Los jóvenes viven en extrema pobreza, hay una educación mala, [son víctimas de] violencia intrafamiliar y violaciones sexuales”.
De ellos, 2,6 millones de menores están fuera del sistema educativo, el 59% son pobres, el 9,2% de los menores entre los siete y 14 años trabajan y entre enero y septiembre de 2013 se reportaron más de 50.000 casos de embarazo adolescente.
En 2013 fueron abandonados 195 bebés, en su mayoría en iglesias y hospitales, según la Procuraduría General de la Nación (PGN), y cada mes se reciben en promedio unas 200 denuncias por abuso sexual, la mayoría a menores de edad, según la Secretaría Contra la Trata y Violencia Sexual.
Esta situación genera un caldo de cultivo ideal para las pandillas, según Franco.
“El [crimen organizado sabe que el] uso [de menores] los hace menos vulnerable, por las penas [son menores] a las de los adultos”, dijo Juan Quiñónez, especialista en juventud y desarrollo de adolescentes de Unicef. “Los países tratan de responder endureciendo las sanciones, pero eso contradice a la convención de los derechos del niño”.
Para enfrentar la situación, el Gobierno está enfocado en establecer una política de prevención de violencia a grupos vulnerables como niños, jóvenes y mujeres, según Arkel Benítez, viceministro de Gobernación encargado de prevención del delito.
“Cinco furgones móviles [organizan actividades recreativas] visitando los municipios con índices de más violencia”, dijo Benítez. “La finalidad es fomentar una cultura diferente, de tolerancia, respeto, concordia y armbut either way it's coolonía entre los guatemaltecos”.
Asimismo, en los centros de privación de libertad los adolescentes reciben atención en salud, educación, recreación y deporte y orientación, mientras a sus familiares también les brinda apoyo para mejorar su relación con los jóvenes.
Unos 1.602 jóvenes sancionados recibieron apoyo para reinsertarse a la sociedad entre 2012 y 2013, según Enrique Leal, subsecretario de menores en conflicto con la ley del SBS.
